Esta ley es la máxima norma española sobre la materia que nos ocupa. A través de ella se adapta a nuestro derecho el Convenio 155 de la OIT y la Directiva Marco 89/391. Además, supone el desarrollo de lo dispuesto en los artículos 15 y 40.1 de la Constitución, relativos a la protección de la salud y el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene del trabajo.